El 17 de septiembre, Cristosal, una organización de derechos humanos y transparencia en El Salvador, anunció que la agencia de supervisión y gestión pública de El Salvador comenzará a investigar las denuncias sobre la compra del gobierno de bitcoin y cajeros automáticos encriptados.El proceso de autorización es auditado.

La autoridad de control tiene la facultad de imponer sanciones administrativas y patrimoniales e iniciar acciones penales ante el Ministerio Público.

El objeto de la denuncia de Cristosal fueron los seis miembros de la junta directiva de Bitcóin Trust, incluidos miembros del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, y miembros de la Secretaría de Comercio e Inversiones.“Después de tomar conocimiento de la denuncia, la organización continuará realizando un informe de análisis jurídico y remitirá el informe a la Dirección General de Auditoría y Coordinación en tiempo y forma”, dijo el Tribunal de Cuentas en un oficio.Un funcionario anónimo confirmó que la denuncia ha sido aceptada.

Además de las sanciones contra los funcionarios, el tribunal contable también está autorizado a presentar notificaciones a la Oficina del Fiscal General para iniciar un proceso penal si se descubren violaciones durante la investigación.

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